La reforma de la Constitución para sustituir el término "disminuido" por el de "personas con discapacidad" sigue estancada. A pesar del supuesto esfuerzo del que presumen todos los grupos políticos para eliminar un concepto que consideran desfasado e hiriente, la medida lleva tiempo bloqueada en el Congreso. La iniciativa no tiene mucho misterio. Consiste simplemente en cambiar el vocablo con el que se refieren a las personas con discapacidad y añade una mención especial a las mujeres y niñas. Pero detrás de una aparente sencillez se esconde un asunto mucho más espinoso. Y es que reformar la Carta Magna puede, según temen algunos, abrir la veda a futuros cambios de mayor calado.
Es precisamente uno de los mayores temores del PP, que en menos de diez meses ha pasado de intentar vetar la reforma a presentar una propuesta para llevarla adelante. El texto presentado por el Gobierno no ha dado más pasos desde que en diciembre pasado superara sendas enmiendas a la totalidad del PP y Vox. El proyecto de reforma se ha llegado a prorrogar hasta en 45 ocasiones desde junio de 2021 en la Mesa del Congreso y por ahora no parece que vaya a avanzar mucho más hasta que acabe el verano.
Lo que ocurre es que los populares quieren evitar a toda costa que con esta reforma de la Constitución se siente un precedente, a sus ojos, "peligrosísimo". Que haya grupos parlamentarios, como los independentistas o incluso Unidas Podemos, que aprovechen para intentar que se toquen otros artículos es un riesgo que no están dispuestos a asumir.
Y es que para llevar a cabo una reforma constitucional de este tipo, la propuesta debe ser aprobada por tres quintas partes de las Cortes, aunque si el Senado le da luz verde con mayoría absoluta podría aprobarse en el Congreso por dos tercios. Hasta aquí, todo bien. Pero el melón que los de Alberto Núñez Feijóo no quieren abrir es la posibilidad de que cualquier formación política, en un plazo de 15 días desde la ratificación de la reforma, solicite un referéndum para revalidarla. Algo para lo que solo basta que una décima parte de los diputados -esto es, 35- lo pida.
Para evitarlo, el PP ofrece su propia receta. La pasada semana, en una de las propuestas de resolución presentadas durante el Debate sobre el estado de la Nación, los populares proponían una "revisión constitucional" que se limite "exclusivamente" al artículo 49 (en el que se quiere permutar "disminuidos" por personas con discapacidad).
La iniciativa -que no fue aprobada por 224 votos en contra y cuatro abstenciones- apelaba a las principales fuerzas políticas a reunirse en julio con los representantes de las personas con discapacidad con el objetivo de que la reforma esté vigente "durante el próximo periodo de sesiones", es decir, a partir de septiembre. Pero eso sí, anclando su apoyo a que se haga bajo sus propios términos, que son básicamente el sortear cualquier posibilidad de referéndum.
Para el PP, la única solución a esto es forzar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que suscriba un acuerdo con sus socios de investidura en el que se comprometan a no seguir esa vía, tal y como explican fuentes consultadas por 20minutos. Ya en la propuesta que fue rechazada el jueves por el Congreso se insta a impulsar "un acuerdo para no solicitar la convocatoria de referéndum prevista en el artículo 167.3 de la Constitución".
Desde el PSOE descartan pronunciarse al respecto y no avanzan si accederán a las exigencias del PP en aras de que su iniciativa salga adelante. Teniendo en cuenta el reducido tiempo que resta de legislatura, la amenaza de una fuerte crisis económica en otoño y los continuos rifirrafes con sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, la perspectiva de que esa reforma se lleve a cabo con este Ejecutivo es cada vez más difusa. Mientras tanto, las personas con discapacidad contemplan impotentes cómo la que sería la tercera reforma de la Constitución en 44 años continúa postergándose.
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